Con Información de aciprensa
La Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) expresó su “tristeza e indignación por la aprobación en el parlamento de la ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido” en el país.
El viernes 29 de enero el Parlamento portugués aprobó la ley de eutanasia por 136 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones.
"A esta tristeza e indignación se suma el hecho de que se legaliza una forma de muerte provocada en el momento de mayor gravedad de una pandemia mortal", dijeron los obispos en un comunicado.
“Es absurdo legalizar la muerte provocada en este contexto, rechazando las lecciones que nos ha dado esta pandemia sobre el preciado valor de la vida humana, que la comunidad en general y los profesionales de la salud en particular tratan de salvar de manera sobrehumana”, destacaron.
“Recalcamos que la ley aprobada aún puede estar sujeta a inspección de constitucionalidad, ya que atenta contra el principio de inviolabilidad de la vida humana consagrado en nuestra ley fundamental”, dijeron los obispos en su declaración.
En Portugal ya se podía aplicar la eutanasia legalmente pero las condiciones para acceder al procedimiento estaban restringidas. Ahora queda en manos del presidente Marcelo Rebelo de Sousa promulgar la norma, con lo cual entraría en vigor.
Según el diario O Observador, el artículo 2 es una de las principales modificaciones. Ahora, con el nuevo texto, ya no sería punible “anticipar la muerte por decisión de la propia persona” en “una situación de sufrimiento extremo, con lesión definitiva o enfermedad incurable y fatal, cuando lo practican o lo ayudan los profesionales de la salud”.
“Se prevé la intervención de hasta tres médicos, en las distintas etapas del proceso: médico orientador, médico especialista y luego médico especialista en psiquiatría”, si es que hay dudas sobre la capacidad de la persona para solicitar la eutanasia, señala el diario.
También según el diario, el texto sustitutorio establece que solo es posible realizar la eutanasia en "establecimientos de salud del Servicio Nacional de Salud y del sector privado y social que cuenten con la debida licencia y autorización para ejercer la atención de la salud, tengan internamiento y un lugar adecuado con acceso reservado”.
El diario precisa además que “el proceso de muerte asistida se interrumpe si el paciente pierde el conocimiento y sólo se reanuda si vuelve a estar consciente y mantiene la decisión”.
Según el texto está garantizado el derecho a la objeción de conciencia.
En su comunicado los obispos indicaron también que “no podemos aceptar que la muerte causada sea una respuesta a la enfermedad y al sufrimiento. Aceptar que lo es, es dejar de luchar y aliviar el sufrimiento y transmitir la idea equivocada de que la vida marcada por la enfermedad y el sufrimiento deja de merecer protección y se convierte en una carga para uno mismo, para los que lo rodean, para los servicios de salud y para todos”